La comunidad docente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) llevará adelante un paro de 72 horas -entre el miércoles y el viernes de esta semana- en el marco de una medida de fuerza convocada por la Conadu Histórica. Durante la protesta se realizarán movilizaciones y una radio abierta frente al Rectorado, además de asambleas informativas.

Consultada por LA GACETA, Anahí Rodríguez, secretaria general de Adiunt, señaló que la medida se llevará a cabo en reclamo de la urgente actualización salarial, la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y una revisión de los aumentos en la obra social Asunt que afectan a los trabajadores del sector. “Recordemos que la ley fue aprobada, tuvo el veto presidencial, luego fue rechazado en ambas cámaras y finalmente el Gobierno se vio obligado a promulgarla, pero manifiesta de que no la va a aplicar porque alteraría el equilibrio fiscal”, comentó Rodríguez.

En otras líneas, la docente manifestó que el propio Ejecutivo reconoció una deuda salarial con la docencia y que aplicar la norma “implicaría un aumento cercano al 50%, si se tiene en cuenta la inflación acumulada desde julio”. Sin embargo, afirmó que los incrementos otorgados hasta el momento fueron del 1,5% y del 1,3%, muy por debajo del alza de precios.

Respecto del presupuesto universitario 2026, la dirigente advirtió que el proyecto plantea un ajuste ya que prevé destinar $35 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado 70 billones. Según Rodríguez, “esto refuerza el ataque del Gobierno a la universidad pública, profundizando los recortes salariales y presupuestarios”.

Asunt

Otro de los puntos críticos y de reclamo de los docentes universitarios es el incremento del plan asistencial solidario de la obra social Asunt que, según la gremialista, “representa una rebaja salarial encubierta”. “Hay docentes que pagan hasta $ 200.000 por su grupo familiar. Con salarios de miseria y este aumento descomunal, no hay bolsillo que aguante”, expresó. En ese sentido, pidió que la universidad asuma parte del costo para aliviar la crisis ya que “no solo afecta a los activos, sino también a los jubilados que hoy deben destinar gran parte de sus ingresos a cubrir gastos de salud”.

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En otro tramo de sus declaraciones, la secretaria general insistió en que “la defensa de la universidad pública no se agota en la cuestión salarial, sino que implica defender su carácter gratuito, inclusivo y de calidad”.

Finalmente, Rodríguez adelantó que el sector evalúa profundizar el plan de lucha hacia 2026, con un posible no inicio del ciclo lectivo. “La Conadu Histórica va a ir a una consulta popular en las próximas semanas para decidir cómo continuar los procesos de lucha. No vamos a esperar hasta marzo. Lo que queda del año será clave para debatir y organizarnos ante el ajuste y las reformas laborales que el Gobierno pretende imponer”, concluyó.